Podemos ocultó a su auditora el contrato de la escolta que Montero usaba como recadera y jardinera

Podemos ocultó a su auditora el contrato de la escolta de Irene Montero y Pablo Iglesias a quien utilizaban como recadera, mecánica, jardinera y chófer de la familia. No fue hasta noviembre de 2019, cuando este periódico desveló la situación irregular de esta trabajadora, cuando la responsable de Cumplimiento Normativo, Mónica Carmona, tuvo conocimiento de esta circunstancia. Por ello, en un email al que ha tenido acceso OKDIARIO, solicitó a la dirección del partido que se le remitiera el contrato de la escolta y otra documentación para «prevenir posibles acciones legales contra el partido».

La abogada, que sería purgada después por investigar las irregularidades del partido de Iglesias, envió el 25 de noviembre de 2019 un correo electrónico a la gerente de la formación, Rocío Val, y al jefe de Seguridad del partido, Víctor Martins, solicitando una copia de los contratos de la escolta; la carta de despido; copia de las cotizaciones de esta empleada desde la fecha de su alta hasta su despido; contratos del personal de Logística y Seguridad suscritos por Podemos; titulaciones, habilitaciones y funciones que realiza el personal mencionado, contratos que Podemos haya suscrito con empresas de Seguridad, actas del Consejo de Coordinación y gestión sobre esta materia; y por último, un informe sobre labores de escolta de personas de Podemos realizadas por el personal del partido y por cualquier empresa de Seguridad desde el año 2016 hasta la fecha.

El objetivo de la letrada, según explica en el mensaje, era «analizar los posibles riesgos y prevenir las posibles acciones legales que puedan dirigirse contra el partido». Esta medida fue tomada después de que OKDIARIO desvelara la demanda interpuesta por la escolta contra Pablo Iglesias e Irene Montero.

Durante los dos años en los que la escolta de Podemos trabajó para la hoy ministra de Igualdad, ésta le ordenó toda suerte de tareas personales que nada tenían que ver con su categoría profesional ni las funciones para las que fue contratada, como llevarle la cena a casa -a ella y a Pablo Iglesias- desde varios establecimientos concretos de la capital madrileña o «comprar comida para los perros» de la pareja.

También que adquiriese «productos de parafarmacia y droguería para bebés» o «alimentación» de determinadas marcas y supermercados o que adelantase el comienzo de su jornada laboral para «calentar el habitáculo del coche» que la actual ministra de Igualdad  utilizaba, a diario, en sus desplazamientos. También incluía labores de jardinera y mantenimiento de varias propiedades.

La trabajadora demandó a la formación política por el trato «discriminatorio» de Montero. Un hecho que sufrió, según el escrito número 917/2019 del Juzgado de lo Social número 3 de Madrid, desde el 25 de febrero de 2016, fecha en la que Podemos la contrató, como «escolta personal en exclusiva» de Pablo Iglesias «tanto de la agenda oficial como de la personal». Tras un año y medio de «viajes, pernoctas» y todo «tipo de desplazamientos» con el líder de la formación morada, la empleada pasó al servicio de Irene Montero el 26 de septiembre de 2017. Fue en ese momento cuando la ministra de Igualdad comenzó a ordenar a su empleada unas funciones que no le correspondían con el puesto que ocupaba. Un hecho similar al ocurrido con Teresa Arévalo, la adjunta al gabinete del Ministerio, a la que utiliza como niñera de sus tres hijos.

Contrato ilegal

Carmona cita en su email, en el que solicita documentación al partido, tres noticias publicadas por OKDIARIO en noviembre de 2019 y que se titulaban: Éste es el email del jefe de Seguridad de Podemos avisando a Montero de la situación ilegal de su escolta; El contrato de la escolta de Montero prueba que no se firmó con una empresa de Seguridad como exige la ley; y, La Policía investiga si Podemos contrató a la escolta de Montero sin empresa de Seguridad como obliga la ley.

En aquellas fechas, este diario desveló que Podemos había contratado a la escolta sin mediar para ello una empresa de Seguridad autorizada por el Ministerio del Interior, tal y como obliga la ley vigente. La formación morada incumplió los requisitos legales para la actividad de protección de personas a título particular que únicamente puede «ser desarrollada por escoltas privados integrados en empresas de seguridad».

Por tanto, la formación de Iglesias incurrió en una «clara ilegalidad», según fuentes consultadas por este periódico. Además, en el convenio firmado entre el partido morado y esta trabajadora, la escolta de Irene Montero figuraba como personal del Área de Logística del Partido, en el grupo de «ayudantes no titulados».

El hecho de que en los contratos figurase una categoría profesional diferente generaba un «problema legal» grave, según reconoció el responsable del área de Seguridad del partido, Sergio Illanes, en un correo remitido al Consejo de Coordinación del que formaban parte tanto Irene Montero como Pablo Echenique.

La Unidad Central de Seguridad Privada de la Jefatura Superior de la Policía de Madrid investigó dicho extremo puesto que la actividad de protección de personas, a título particular, sólo podría ser prestada a través de especialistas proporcionados por empresas «inscritas para el ejercicio de dicha actividad» y con la «autorización específica» del Ministerio del Interior.